Este artículo fue enviado para ser publicado en una revista regional. No he tenido noticias de él, así que ya que está escrito lo comparto:
Nuevamente el país está viviendo una nueva temporada del Reality Electoral, en esta ocasión dedicada a la elección de autoridades regionales y municipales para el periodo 2015-2018, y nuevamente tenemos el desfile de aspirantes que prometerán el oro y el moro… igual como lo vienen haciendo cada cuatro años. Para varios no será la primera vez que lo intenten, algunos van por repetir plato o subir un escalafón de poder: de Regidor a Alcalde distrital o provincial, o de Consejero Regional a Presidente Regional, o de Alcalde distrital a Alcalde provincial, o de Alcalde provincial a Presidente Regional.
De todos ellos, no son pocos los que vienen con una sentencia penal y/o civil a cuestas: Veritas, un proyecto de la Asociación Civil Transparencia, ha tabulado las hojas de vida que los candidatos han subido a la web del Jurado Nacional de Elecciones y de su análisis hasta la fecha ha determinado que 1,395 presentan sentencias por algún delito o demanda civil. La mayoría, 871, por Alimentos. Por lo menos eso, si uno lo piensa bien, no resulta sorprendente considerando la realidad de las familias peruanas, y en realidad (excepto para las mentes santurronas o interesadas) no descalifica a nadie sin remisión. El segundo puesto es más grave: es “peculado”, que según nuestra legislación es cuando un funcionario o servidor público utiliza o se apropia para sí o para otro de bienes que le son confiados en razón de su cargo, o bien los destina para su uso en fines ajenos del que les corresponde. Justamente, para prevenir esto es que se pone una serie de limitaciones a las autoridades que piensan reelegirse, tales como no poder hacer repartos de bienes adquiridos por la institución pública o donados a ella. En general, se trata de evitar en lo posible una desventaja injusta de parte del gobernante en ejercicio.
Pero eso es sólo lo que se desprende de la información que brindan los mismos candidatos, así que a menos que se verifique cada caso particular no se puede asegurar que alguno se quiera pasar de listo y ocultar información… tal como la ex – congresista Elsa Malpartida, aspirante a la Presidencia Regional de Huanuco (no por el Partido Nacionalista, por cierto) que no consignó que tenía condenas por tráfico de tierras y usurpación, o Héctor Maquera, candidato a Presidente Regional de Tacna, que tampoco menciona su condena por rebelión (sí, es un delito) tras haber participado en el “Andahuaylazo”, o (en la misma circunscripción) Wilfredo Sosa, condenado por tráfico de tierras y usurpación. ¿A cuántos más se les habrán “olvidado” sus antecedentes?
A quien se le olvidó mas bien que “el pez por la boca muere” es a Jaime “Jamocho” Rodríguez Villanueva, ex – Presidente Regional de Moquegua hasta el año 2010 en que no fue reelegido. En el proceso de este año confía que logrará volver al poder, a pesar de su atroz declaración de hace unos meses en la que ante sus partidarios y algunos periodistas (era la inauguración de un local partidario) confesó que había metido mano en el erario público, claro que con “buenas intenciones”: “Sí, efectivamente, pero lo que yo robé compartí con ustedes para que lleven un pan a su casa, y vamos a seguir trabajando porque la riqueza hay que compartirla”, habría declarado.
Los criminales suelen tener una visión muy buena de sí mismos, y toda una estructura dialéctica que racionaliza y justifica sus acciones … aunque pocos lleguen en público al nivel de “Jamocho”. “La riqueza hay que compartirla”. Eso suena tanto a cierto tipo de discurso… ese que olvida que la riqueza no crece en los árboles o cae del cielo o se recoge del suelo. Alguien tiene que producirla, y si le niegan la posibilidad de disfrutarla a sus anchas, pues podría considerar llevarse su música a otra parte.
Siguiendo con los Presidentes Regionales (porque si empezáramos con los aspirantes a Alcalde, esto se volvería novela), hay que destacar que a la fecha cuatro de los actuales han sido encarcelados “preventivamente” (el de Ancash, el de Cajamarca, el de Ica y el de Pasco), dos están prófugos (el de Tumbes y el de Loreto), y si la cosa continúa avanzando como parece que avanzará, por lo menos dos más podrían pasar a la categoría de procesados con “prisión preventiva” pronto: el de Arequipa y el de Huanuco. De todos, el Presidente Regional de Loreto, Yván Vásquez, justamente tienta la reelección, lo mismo que Gregorio Santos, ya preso. Muy curiosa será la forma cómo llevarán esa campaña tras las rejas. A todos se les imputa delitos de corrupción; y en el caso del Presidente Regional de Ancash, César Álvarez, sazonado con una acusación de asesinato.
Este repaso rápido es imposible que no sea deprimente. Estos casos en su mayoría son de personas que ya fueron elegidas anteriormente, pero eso no significa que podamos esperar algo mejor de los “vírgenes”, siendo que varios de ellos ya son conocidos de cada elección, o dirigentes de Frentes de Defensa o de la Sociedad Civil, o allegados a administraciones actuales o pasadas. No faltan las denuncias y rumores contra ellos, menos que los que ya detentan o detentaron el poder, sí, pero no era distinto con estos últimos la primera vez que lograron captar el apoyo de sus electores. En realidad luce más como un círculo vicioso, sobretodo cuando los aspirantes prometen luchar contra la corrupción, construir los “necesarios” megaproyectos eternamente postergados o (de aquí a un tiempo) proteger el medio ambiente. Ya sabemos en qué suele terminar eso.
Si sólo fuera culpa del “sistema” sería un alivio, pero creo que no está de más hacer un mea culpa y pensar que acaso en realidad tenemos los candidatos que nos merecemos, porque a fin de cuentas ellos son representativos de nosotros. Si no fuera así, no habría tantos que ahora buscan a un candidato para apoyar y que luego (si este sale elegido) ir a cobrarle ese apoyo, ora con un trabajo, ora con una licitación. No importa mucho si el susodicho candidato tenga rabo de paja, siempre y cuando eso no le quite puntos, y en todo caso siempre queda la opción de victimizarse por las denuncias o pasar directamente al ataque. Y así entre denuncia, ataque y respuesta pareciera que cada elección los que nos mantenemos al margen debemos enfrentarnos a la disyuntiva no de elegir al mejor sino al menos malo… o simplemente viciar el voto, que más parece que se lava uno las manos, pero es lo que hay.
No es que se necesiten santos como autoridades, claro. Primero, porque son rara avis; segundo, porque aún si uno llegara al poder eso no significa que sea capaz de hacer el trabajo. Ello significa que una persona con problemas u opciones controversiales en su vida privada y/o familiar no debería ser descalificado tan fácilmente. Y sin embargo, no es poco común el sacar trapitos al sol de los candidatos como un juicio de alimentos, un problema de bebida, o ser homosexual, por ejemplo, cosas que no son ninguna un delito grave. En ciertos casos incluso sería hasta una invasión de sus privacidades.
Otra cosa son la capacidad y la tendencia a la corrupción, estos sí criterios de juicio relevantes. La primera es poco demostrable sin saber detalles de la experiencia laboral o de gestión de cada candidato. Es el correlato del requisito de referencias personales y experiencia que se pide a los postulantes a un puesto directivo cualquiera, lo que en cierta manera es cada elección: los electores somos los miembros de la Junta de Accionistas de una empresa que deben de elegir a un Gerente y su Directorio. Por ello es importante la revisión de las Hojas de Vida y los antecedentes de cada candidato. Lamentablemente, no todos tienen el tiempo o la voluntad de contrastar datos y suelen dejarse llevar por la psicología de masas.
En cuanto a la tendencia a la corrupción, primero habría que restringir su definición. Para este caso tomemos la siguiente: La corrupción consiste en aprovecharse de un cargo público para obtener beneficios ilegítimos. Así pues, la evasión de impuestos por parte de un particular no sería corrupción (sí una falta y hasta un delito), pero sí lo sería para el funcionario público cuando recibe un soborno del evasor para apañarla.
Hace un tiempo un estudio estimó que de acuerdo a la actitud de las personas frente al delito en general se les puede dividir en 3 tipos: una minoría (de hasta 10%) que delinquiría de alguna forma sin importar si haya o no impunidad. Son casos perdidos. Luego está otra minoría (de hasta 10% también) que no delinquiría bajo ninguna circunstancia. Y luego está el resto, que puede o no delinquir dependiendo de las circunstancias: la oportunidad, su cálculo del riesgo, su necesidad del momento, etc. Traspongamos esta división a la corrupción, y podemos tener un cuadro más realista.
Evidentemente, la minoría corrupta impenitente no es elegible. El problema es cómo separar la paja del trigo. Y sobretodo cómo evitar que la gran mayoría que puede caer o no en corrupción no acabe cayendo.
Ese es el problema con las promesas de “corrupción cero” con que se llenan la boca los candidatos cada campaña. No hay país en el mundo en el que no haya corrupción en alguna medida. La única forma de que no hubiera corrupción en el Estado sería que no hubiera Estado. Sin embargo hay países menos corruptos que otros. La ONG Transparencia Internacional tiene incluso un Índice de Percepción de Corrupción, para si no cuantificarla directamente sí estimar la percepción que se tiene de la corrupción existente en la mayoría de países alrededor del mundo. En el último publicado, el del 2013, se desprende que el 70% de todos los países evaluados tienen graves problemas de corrupción, estando el Perú empatado en el puesto 83º con Burkina Faso, El Salvador, Jamaica, Liberia, Mongolia, Trinidad y Tobago, y Zambia. Lideran el índice como los países en que se percibe menos corrupción, todos los escandinavos, Nueva Zelandia y Singapur. Y al fondo de la tabla, Afganistán, Corea del Norte y Somalia. De nuestros vecinos sudamericanos, Chile y Uruguay son los mejor posicionados, y Venezuela y Paraguay, los peores.
Así pues, si no podemos hablar de erradicar la corrupción, ¿de qué podemos hablar? De reducirla, evidentemente. Sin embargo eso difícilmente lo logrará la justa indignación de los indignados. Nuestra tradición es algo más que de corrupción: es de incumplimiento consuetudinario de la ley, ejemplificado en la vieja fórmula colonial: “La ley se acata pero no se cumple”. El origen de la frase es interesante: los juristas creaban para la Corona Española leyes para el mejor gobierno de sus colonias, pero por la lejanía y a pesar de las buenas intenciones que pudieran tener y de toda la inteligencia y agudeza de sus vistos y considerandos, al cruzar el Océano las autoridades locales se encontraban con la dificultad para lograr su aplicación en vista de la realidad imperante. Eso creó una forma de jurisprudencia pragmática: en general sólo se cumplía lo que se podía cumplir. Esa actitud ha pervivido hasta ahora, si no públicamente sí privadamente: cada uno de nuestros gobiernos crean leyes, reglamentos, ordenanzas excesivas que desconocen lo que las personas consideran razonable. Y por lo tanto las personas no las cumplen, porque los costos de hacerlo superan a los costos de no hacerlo: economía de la ley. Es un consenso negativo, por lo que el aumento de las multas y años de cárcel apenas sí lo afectan
Claro que si la justicia fuera justa, el costo de incumplir la ley sería más alto que el costo de cumplirla, pero eso implica que a más leyes es necesario más jueces y más policía, y eso al final implica menor libertad y no necesariamente menos corrupción. Entonces está la otra opción: reducir el costo de cumplir la ley, lo cual implica menos leyes, menos Estado (que significa menos botín para saquear) y mayor libertad. No por nada, las naciones con más corrupción son las más reguladas.
Elegimos la corrupción cuando elegimos menos libertad.
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